Texto Abril Gómez / Fotografías Gerardo Vieyra
La congruencia como medida de la legitimidad política
Las demandas de la CNTE son, desde mi perspectiva, legítimas. No se trata de privilegios, sino de exigencias arraigadas en derechos laborales, condiciones dignas de jubilación y el futuro de la educación pública. Se puede estar de acuerdo o no con sus métodos de protesta, pero es imposible ignorar que detrás de estas movilizaciones existen reclamos estructurales que llevan décadas sin resolverse de fondo: desde la imposición de la USICAMM, que frena las carreras docentes, hasta el castigo a las pensiones tasadas en UMAs y el abandono de las escuelas rurales.
Lo que vuelve especialmente preocupante este conflicto es la respuesta de las autoridades. Un gobierno que llegó al poder prometiendo estar del lado del pueblo y de los movimientos sociales debería prevenir y privilegiar el diálogo por encima de cualquier forma de represión. Por ello, los hechos ocurridos durante la marcha de este 1 de junio en el Centro Histórico generan una profunda contradicción política. Las fuerzas del orden incurrieron en un evidente uso desproporcionado de la fuerza mediante el empleo de gases de dispersión, dispositivos explosivos y balas de goma; artefactos que son ilegales para la contención de manifestaciones y sobre cuya peligrosidad e impacto letal ha advertido reiteradamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es preocupante este exceso de violencia institucional.
Durante años se criticó a gobiernos anteriores por recurrir a la fuerza pública para contener protestas sociales. Se afirmó que habría una forma distinta de gobernar, más cercana a la gente y más respetuosa del derecho a la manifestación. Sin embargo, cuando los maestros salen a defender sus derechos ante promesas incumplidas y mesas de negociación que no resuelven la raíz del problema, la respuesta parece alejarse por completo de esos principios.
La situación también obliga a reflexionar sobre el papel de las autoridades de la Ciudad de México. No basta con proclamarse un gobierno progresista; las acciones concretas son las que determinan el compromiso real con los derechos humanos y las libertades democráticas, especialmente cuando la capital se convierte en el escenario principal donde se miden estos principios de no represión.
La congruencia es una de las bases de la legitimidad política. Si durante años se condenó la represión contra los movimientos sociales, hoy corresponde mantener el mismo criterio, independientemente de quién ocupe el poder. De lo contrario, el discurso de cercanía con el pueblo corre el riesgo de convertirse en una simple consigna.
