Madres buscadoras denuncian impunidad, violencia y falta de protección mientras buscan a sus hijos desaparecidos. Exigen ser reconocidas como defensoras de derechos humanos.
“Nadie elige estar aquí; simplemente no tienes de otra. El miedo existe, pero es más fuerte el amor”, escuché decir a una madre integrante de uno de los colectivos de búsqueda de Sonora, durante un encuentro con otros grupos de familias y la Iglesia católica, en la Ciudad de México.
En las últimas semanas del recién concluido 2025, como en pocas ocasiones, la Arquidiócesis Primada de México reunió a familias buscadoras de distintos estados para hacer lo que las autoridades no se atreven en medio de la crisis de violencia y desapariciones: escuchar. Pero escuchar de verdad, sin protocolos, presídium ni fotografías oficiales.
“Este espacio es para ustedes. Digan lo que tengan que decir y cómo podemos apoyar. ¿Alguien quiere tomar la palabra?”, lanzó monseñor Francisco Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis. De inmediato comenzaron a escucharse los testimonios más desgarradores en aquel auditorio de la colonia Roma Norte. Pasaron las horas y el llanto se hizo presente; sin embargo, también se percibía un ambiente de alivio al encontrar interés genuino por lo que tenían que contar.
Mientras denunciaban la impunidad en la desaparición de sus hijos e hijas, las madres que todos los días salen de sus casas a buscar en cerros, desiertos y bosques, mujeres creyentes y no creyentes, hicieron también un llamado contundente a la Iglesia para que no las deje solas en un camino que parece no tener fin.
“Nos están matando y necesitamos protección”. Una de las principales exigencias fue ser reconocidas como defensoras de derechos humanos, para que el Estado garantice su seguridad. “No queremos un título, porque esto no se enaltece ni se presume; queremos protección porque estamos haciendo su trabajo en las peores condiciones”, enfatizó otra de ellas.
De acuerdo con el informe Desaparecer otra vez, de Amnistía Internacional, entre 2011 y 2025 se registraron 30 asesinatos de familiares de personas desaparecidas; más de la mitad de las víctimas son mujeres.
El documento destaca que 330 madres buscadoras y 134 colectivos de búsqueda se han acogido al Mecanismo de Protección, aunque aún queda un largo camino para que sean reconocidas plenamente como defensoras de derechos humanos.
¿Cómo la normalización ha dado pie a tanta burocracia y violencia institucional? Lo que se escuchó aquella tarde no fue sólo un llamado a la Iglesia y a las autoridades, sino a toda la sociedad, no perder la capacidad de asombro frente al horror y sumarnos a su grito de justicia y verdad, y a lo más esencial: que se garantice su derecho a seguir con vida.
Fotografías de Denisse Ureña
