Por Dalila Sarabia
En 2010, cuando recién comenzaba mi carrera periodística, la primera fuente que se me asignó fue dar seguimiento a las problemáticas vecinales. Yo trabajaba en la sección Ciudad de Periódico Reforma y había revisar esas inquietudes.
A veces debía cubrir protestas por falta de agua o por el transporte ineficiente; otras veces era revisar quejas por basura en parques, mal estado en las banquetas o falta de iluminación. Esa era mi cotidianeidad hasta que a la redacción comenzaron a llegar cada vez más y más denuncias por “violación al uso del suelo”. ¿Qué es el uso de suelo?, me pregunté varias veces.
A poco más de tres lustros de aquellos días no solo aprendí qué era el uso de suelo, sino que conocí otras figuras como la transferencia de potencialidades o el polígono de actuación. Aprendí que en la Ciudad hay zonas con valor patrimonial, cuándo una casa está catalogada, qué era una manifestación de construcción y cómo y en qué casos era posible cambiar el uso de suelo.
Hoy y a la distancia tomo este espacio para hablar y reconocer el trabajo de aquellos vecinos -algunos que siguen luchando, otros que abandonaron la batalla y otros más que dejaron este plano terrenal-, para recapitular sobre los problemas de vivienda, gentrificación y hasta despojos que se viven en la CDMX y que tienen su origen en aquellos años cuando comenzaron a levantar la voz frente al boom inmobiliario que careció de orden y violentó la vida de los habitantes de esta Ciudad.
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La lucha vecinal para frenar el crecimiento desordenado e ilegal de la CDMX ya suma, al menos, 15 años sin descanso. Habitantes de distintas colonias pasaron de denunciar la violación al uso de suelo de distintos predios a encabezar movilizaciones contra un proceso de gentrificación y turistificación que anualmente expulsa a 20 mil personas de la capital del país, de acuerdo con el Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 2020-2035.
En 2010 se dieron las primeras alertas de que algo sucedía en el entonces Distrito Federal. De la noche a la mañana una casa unifamiliar era demolida y afuera del predio se anunciaba que se construiría un edificio con 10, 15 o más departamentos.
Sin un conocimiento previo, vecinos de distintas zonas de la capital comenzaron a denunciar la violación al uso de suelo. En esos predios no estaba permitida la constitución de un edificio de departamentos de seis o más pisos. ¿Qué pasaba?
Y aunque desde 1999 en la Ciudad de México se comenzaron a elegir los llamados “comités vecinales”, la primera consulta y votación oficial de presupuesto participativo en marzo de 2011 dio un giro de 180 grados al papel que los vecinos organizados han tenido en la defensa de sus colonias.
No solo era vecinos que proponían proyectos en beneficio de su entorno como iluminación, banquetas, seguridad y pintura -responsabilidades de los gobiernos de las alcaldías que hasta la fecha no cumplen en su totalidad-, sino que vieron la oportunidad -y la aprovecharon al máximo- para hacerse notar frente a las autoridades y exigir que sus preocupaciones y demandas fueran escuchadas. No eran solo vecinos que proponían proyectos, eran una comunidad organizada que defendería sus colonias.
¿Ya cerró la tlapalería? ¿La tiendita de la esquina? ¿Qué le pasó a cocina económica? Poco a poco los negocios se barrio comenzaron a bajar sus cortinas. Los edificios en los que rentaban habían sido vendidos para construir departamentos o centros comerciales. Algunos que seguirían de pie exigían rentas del doble o triple de las que pagaban anteriormente. Era imposible continuar.
Primero una denuncia, después otra y otra más. En Polanco, en la Condesa, en la Roma, en las Lomas, en la Del Valle, en Cuauhtémoc, en la Narvarte… algo estaba pasando.
La desaparición de los negocios de barrio y de las casas unifamiliares para dar paso a edificios de 10 o más pisos de altura apenas era una parte de la presión inmobiliaria que comenzaba a sofocar a las colonias de la Ciudad.
La Norma 26 y los departamentos en obra negra
No conformes con violar el uso de suelo de las colonias, los constructores fueron más allá.
Ante la falta de vigilancia y supervisión por parte de las autoridades, las inmobiliarias comenzaron a presentar proyectos para obtener permisos de construcción amparados en la llamada Norma 26, es decir, informaban que harían viviendas populares que venderían a precio de casas de interés social, pero solo sacaban provecho del instrumento contenido en la Ley de Desarrollo Urbano para entregar viviendas en obra negra y pedir el doble del costo -a veces más- para entregarlas terminadas con todos los detalles.
Esta situación dejó en la indefensión a quienes buscaban hacerse de una propiedad en la Ciudad. Los precios eran exorbitantes y ante la falta de opciones, familias comenzaron a abandonar la Ciudad y se fueron a los municipios conurbados en donde sí les alcanzaba su crédito, aunque esto significara pasar cinco horas en el transporte para ir de su hogar a su trabajo y de regreso.
Frente a los señalamientos y presión hecha por los colonos y comités vecinales respecto al aprovechamiento y explotación de la Norma 26 por parte de los constructores, el Gobierno de la CDMX se vio obligado en agosto de 2013 a suspender la aplicación de dicho instrumento.
Esta decisión fue una victoria para frenar la construcción ilegal y desordenada de edificios en la Ciudad por parte de empresarios que se aprovecharon de la omisión de las autoridades para verificar sus obras, pero también significó dejar sin posibilidad de comprar una vivienda de interés social a cientos de familias que buscaban hacerse de su patrimonio.
Con la Norma 26 suspendida, vino otro boom inmobiliario en la CDMX: la construcción masiva de plazas comerciales: 108 nuevos centros comerciales en 12 años, de acuerdo con una investigación de Rafael Cabrera publicada en Aristegui Noticias.
“(Entre 2006 y 2018) las delegaciones donde más construcciones se han registrado son Cuajimalpa y Álvaro Obregón. Y justo esta última es donde se encuentra la plaza Artz Pedregal, en Periférico Sur, la cual tuvo un derrumbe en su estructura apenas cuatro meses después de su apertura”, se detalla en el reportaje.
El 12 de julio de 2018, hacia las 11:00 horas, un volado de oficinas y fachada de entre 500 a 700 metros cuadrados que colindaba con Anillo Periférico se derrumbó. Gracias a que los sonidos previos alertaron a las autoridades, fue posible desalojar oportunamente el espacio, por lo que no hubo lesionados, fallecidos o personas atrapadas.
Uno, dos, tres casos… no son hechos aislados
Siendo una reportera que se formó recorriendo las calles de la capital del país no solo por el traslado cotidiano a distintos lugares, sino por dedicar 10 años de carrera cubriendo lo que pasaba en ella, advertí cómo distintas inmuebles habían sido demolidas de un momento a otro. Colocaban tapiales y se anunciaba la construcción de un edificio multifamiliar con negocio en planta baja, por ejemplo.
Cada uno de estos hechos fueron ocupando un espacio en mi memoria. Por supuesto que no eran aislados y había que ver toda la fotografía. El punto de partida fue la alcaldía Benito Juárez y el esquema de corrupción inmobiliaria -llamado el Cártel Inmobiliario- que llevó a la detención de uno de sus exgobernantes: Christian von Roerich.
Echando mano de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública pude confirmar que, en 14 años, entre 2010 y 2024 se habían ingresado 16,025 manifestaciones de construcción en las 16 alcaldías, es decir, permisos para hacer construcciones varias. Solo la alcaldía Benito Juárez había concentrado 3,700 de esos proyectos, es decir, el 23 % del total.
Después vino otra pregunta, ¿cuánto y cómo se dieron estas manifestaciones de construcción en la Benito Juárez? Y el hallazgo fue aún más interesante.
Solo en 2017, en esta demarcación, entonces gobernada por el panista Christian von Roehric, se entregaron 412 manifestaciones de construcción, de ellas, 378 fueron solo para obras nuevas. Es decir, en promedio se autorizó una manifestación de construcción para obra nueva al día durante ese año.
A pesar de que las autoridades buscaron ocultar información, entregar respuestas incompletas e incluso argumentar que habían perdido expedientes en una inundación de sus oficinas, lo cierto fue que lo que los vecinos denunciaron por años siempre estuvo sustentado.
CDMX gentrificada
Aunque con la llegada de la pandemia del Covid-19 la construcción de viviendas, oficinas y plazas comerciales en la CDMX se frenó, la Ciudad de México comenzó a enfrentar un nuevo fenómeno: la gentrificación.
Con la posibilidad de hacer home office, distintas colonias de la capital comenzaron a recibir a decenas de extranjeros que rentaban habitaciones y departamentos por meses, lo que hizo que las plataformas que brindaban estos servicios comenzaran a aumentar su presencia y con ello un incremento exponencial en las rentas.
Inquilinos con años rentando casas y departamentos en distintas colonias -particularmente las céntricas- fueron expulsados poco a poco, y los espacios en los que vivían convertidos en reducidas habitaciones. Una casa en donde vivía una familia fue transformada en dos o más espacios que eran ofertados al doble -y hasta más- de lo que pagaban los anteriores inquilinos.
De acuerdo con un análisis hecho por Habitat International Coalition América Latina (HIC-AL) con datos de Inside Airbnb, el número de viviendas destinadas a alojamiento turístico en la CDMX continúa en aumento. Durante el primer semestre de 2025 tres viviendas completas dejaron el mercado residencial cada 48 horas para integrarse a plataformas de renta temporal.
El informe detalló que al cierre de junio de 2025 se contabilizaron 27 mil 51 alojamientos activos, lo que representa un incremento neto de 770 nuevos espacios respecto a diciembre de 2024.
De ese total, 17 mil 713 corresponden a viviendas completas, mientras que 8 mil 995 son habitaciones privadas, lo que implica una reducción progresiva de inmuebles disponibles para alquiler permanente.
Y ahora, la crisis de despojos
Por si esto no fuera suficiente, con rentas por los cielos, sin la construcción de vivienda de interés social y la expulsión de habitantes frente a fenómenos de gentrificación y turistificación, ahora los capitalinos enfrentan un nuevo fenómeno que, aunque no es nuevo, en los últimos meses ha acaparado los reflectores: el despojo de propiedades.
Al igual que sucedió con las construcciones irregulares, se escuchaba un caso acá y otro por allá. Aunque las autoridades contaban con la información no conectaron los casos ni abordaron con mayor detalle el asunto.
Así que una vez más, empujada por la curiosidad de entender qué sucedía y si esto podría traducirse en una problemática más profunda y compleja para los habitantes de la CDMX, solicité vía transparencia conocer los datos oficiales.
La respuesta fue escalofriante: De enero de 2020 a abril de 2026, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) había abierto 25 mil 018 carpetas de investigación por el delito de despojo, sin embargo, en este mismo periodo —y sobre el total de carpetas abiertas— solo se ha reportado la detención de 463 personas, de acuerdo con información proporcionada a través de respuestas de información pública.
Como sucede en el oficio periodístico, la nota tuvo su alcance y generó indignación entre quienes pudieron leerla. Dos meses después y por un caso en la colonia Del Valle, el asunto explotó.
Decenas de denuncias comenzaran a hacerse públicas obligando a las autoridades del Gobierno capitalino a tomar cartas en el asunto. ¿Quiénes denunciaron? Sí, los vecinos una vez más que en paralelo se llevaba a cabo la investigación del caso, decidieron montar un pequeño campamento en la colonia Del Valle para exigir la pronta respuesta de las autoridades.
El 30 de julio pasado fueron detenidas dos mujeres por su presunta participación en el despojo de esa propiedad ubicada en la calle de Martin Mendalde de la Alcaldía Benito Juárez.
Conforme a las indagatorias, las mujeres habrían ingresado y ocupado la propiedad sin el consentimiento de la dueña quien advirtió, a través del sistema de videovigilancia instalado, que habían irrumpido en su casa.
Rápidamente las denuncias públicas y ante las autoridades comenzaron a incrementarse. A tal grado que las autoridades tuvieron que instalar mesas de apoyo y acompañamiento para las víctimas de estos delitos que, de acuerdo con cifras oficiales, significan en promedio 10 denuncias diarias.
Todos estos casos son apenas una muestra de cómo los vecinos organizados primero a través de comités vecinales que después, en algunos casos, se convirtieron en asociaciones civiles suman años defendiendo sus colonias. Saben que hay que cambiar y que el desarrollo debe llegar a sus entornos, sin embargo, este siempre debe ser planeado, ordenado y dentro del marco de la legalidad.
Fotografía Giselle Arlette Velasco Matías