Por Carlos López
El noticiero de Milenio dió a conocer a las 23 horas con veintitrés minutos que Juana Hilda González abandonaba el Centro Federal de Readaptacion Social (Cefereso) #16 de Morelos al cabo de 19 años y cinco meses de confinamiento por su presunta participación en el secuestro de Hugo Alberto Wallace en 2005.
El caso revela una justicia lenta y que tardó casi dos decadas. Mostrando una sonrisa y con emoción Juana Hilda dijo; “No lo puedo creer de verdad. Estoy en shock. Gracias por su preocupación”.
La liberación de Juana Hilda se debió a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó su inmediata liberación y absoluta libertad al considerar que las pruebas en su contra fueron obtenidas mediante tortura e intimidación, implicando graves violaciones al debido proceso.
Horas antes de las imagenes de Juana Hilda saliendo de prisión, la periodista Elía Almanza compartía una entrevista con Brenda Quevedo Cruz, una de las imputadas en el presunto secuestro de Hugo Wallace.
Brenda quien purgó 17 años en prisión y ahora un año más bajo arresto domiciliario, sin sentencia alguna, dijo: “Estoy muy emocionada en pensar que esto ya puede llegar al principio del fin para todos, pero también de repente con un poco de miedo porque siempre pareciera que existen brazos de ‘aquí y del más allá’ que siguen entorpeciendo este tipo de prácticas de justicia”.
¿Quién fue Isabel Miranda de Wallace?
Muerta el pasado 8 de marzo y madre de Hugo Alberto Wallace. Isabel Miranda de Wallace fue una empresaria que se convirtió en “activista” tras denunciar el secuestro de su hijo . En 2005, el caso se convirtió en uno de los más mediaticos y polémicos del país.
Miranda de Wallace emprendió una intensa campaña, colocando espectaculares por la Ciudad de México y el puerto de Acapulco para hacer viral el caso. Su activismo le permitió un acceso privilegiado a funcionarios públicos. Además creó la organización Alto al Secuestro y se convirtió en una de las voces más influyentes en temas de seguridad pública.
Esos privilegios tomaron fuerza durante el gobierno de Felipe Calderón, que usó cifras de Alto al Secuestro para justificar su Guerra contra el narco. También en 2010, el expresidente panista condecoró a Miranda de Wallace con el Premio Nacional de Derechos Humanos.
La libertad de Juana Hilda y las palabras de Brenda Quevedo son voces que muestran la complicidad del sistema de justicia mexicano con la impunidad y la corrupción. Este caso ejemplifica las consecuencias de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en México, donde las personas acusadas de delitos graves son encarceldas, sin sentencia, pasando años en prisión durante el – casi eterno – proceso penal.
POSDATA 1: El Inegi en el “Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios en los ambitos Estatal y Federal 2024”, señala que en 2023, México tenía 38 mil 512 personas privadas de la libertad bajo prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, en los últimos años, esta cifra ha crecido sin tener un dato exacto a raíz de una reforma que se aprobó en 2025, con una ampliación del catálogo de delitos que acreditan la prisión preventiva oficiosa.
El gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, ese que se llena la boca de “pueblo”, “bienestar” y “justicia” sostiene que la prisión preventiva oficiosa es una herramienta necesaria para combatir delitos graves, su argumento de justificación indica que ayuda a evitar la fuga de presuntos delincuentes y asegurando la protección a las victimas.
POSDATA 2: Esta SCJN que se acaba como la conocemos, se va señalando ahora que la prisión preventiva oficiosa contribuye a la saturación de las carceles y facilita la fabricación de culpables y la violación de Derechos Humanos.
POSDATA 3: Seguimos esperando la llegada de esa prometida y aún añorada transformación que en el discurso se preocupa por el pueblo pero que en la agenda judicial, pretende reformar que los ministros sesionen sin el uso de toga en vez de reformar por los Derechos Humanos. En fin parece que a esto se reduce el HUMANISMO MEXICANO.