Por Carlos López
Una vez más el oficialismo impuso su maquinaria y la súper mayoría con la que cuenta desde el aparato legislativo. En esta ocasión, el órgano que mandaron a la guillotina fue el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La desaparición del Coneval no es un ajuste administrativo menor ni una simple transferencia de funciones. Es, en los hechos, la eliminación de uno de los contrapesos técnicos y autónomos que tenía el Estado mexicano para evaluar, con datos y evidencia la eficacia de la política social.
El Coneval no sólo medía la pobreza; analizaba el impacto real de los programas sociales, señalaba aciertos y errores, y obligaba a los gobiernos a rendir cuentas frente a la sociedad sobre los indicadores de la pobreza.
El argumento del oficialismo habla de eficiencia, de evitar duplicidades y fortalecer la evaluación al asumir las funciones al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) pero esta narrativa confunde tareas radicalmente distintas. El Inegi es un generador de datos estadísticos; el Coneval, por su parte, era el evaluador de políticas públicas. Una cosa es contar, otra analizar el impacto y la pertinencia de lo que se hace con los recursos públicos.
Los otros datos
El primer intento de mandar a la guillotina al Coneval fue durante la administración del presidente López Obrador cuando en 2021 y 2023, tras la publicación de cifras que mostraban un aumento en la pobreza, AMLO descalificó públicamente los datos del Coneval, afirmando que él “tenía otros datos” y que la gente estaba mejor gracias a los apoyos sociales, incluso durante la pandemia. Rechazó los resultados y sugirió que debía modificarse la forma de medir la pobreza, pues consideraba que no debía depender solo de indicadores económicos.
No es casual que la eliminación del Coneval llegue después de años con el gobierno federal que en su narrativa es “el gobierno de los pobres”. Dichos informes sobre la medición de la pobreza han documentado retrocesos incómodos: millones de personas que han caído en la pobreza pese a la implementación de los programas sociales y su elevación a rango constitucional. Eliminar al evaluador es, en este contexto, borrar al árbitro que podía señalar las inconsistencias y exigir correcciones.
La austeridad sigue costando
Ahora, esa función queda en manos de un Inegi que, aunque respetado en su campo, no tiene ni el mandato legal ni la experiencia para evaluar políticas públicas de manera crítica y autónoma.
Por otro lado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) fijó su posición frente a la aprobación en la Cámara de Diputados de la iniciativa de extinción del Coneval señalado que se debilita la institucionalidad técnica del Estado mexicano. Además destacó que el presupuesto destinado era marginal -apenas el 0.05% del gasto federal-, pero su contribución era invaluable. Ofrecer diagnósticos independientes, metodologías robustas y recomendaciones.
La política social exige mucho más que cifras. La población en condición de pobreza requiere análisis profundos, voces independientes y voluntad de corregir el rumbo cuando los datos lo exigen. Sin Coneval, México pierde no solo un órgano, sino la posibilidad de conocerse a sí mismo con honestidad y de construir mejores políticas para quienes más lo necesitan.