Texto y fotografías por Elia Almanza
Durante años, estudiar fue una experiencia incompleta para niñas y niños de Cochoapa el Grande, Guerrero. En la Escuela Secundaria Técnica número 295 “Sor Juana Inés de la Cruz”, las aulas permanecieron sin maestros de español, matemáticas, artes o educación física, mientras el tiempo escolar avanzaba sin contenidos y las autoridades educativas guardaban silencio.
Las familias tocaron puertas, enviaron oficios y esperaron respuestas que nunca llegaron. La falta de docentes – provocada por reasignaciones y el abandono del personal ante la inseguridad – se volvió una constante que marcó la trayectoria educativa de toda una generación.
Estas acciones derivaron en mesas de trabajo con la Subsecretaría de Educación Básica y la Subsecretaría de Planeación Educativa, donde se acordó la asignación permanente de personal docente. Sin embargo, el compromiso volvió a incumplirse. Cuando las gestiones se agotaron, el derecho a aprender encontró como última ruta el juicio de amparo, un recurso legal que trasladó la ausencia del Estado del salón de clases a los tribunales.
Amparo por la educación en Cochoapa el Grande
En octubre de 2025, integrantes de la Asociación de Padres de Familia del plantel, en representación de sus hijas e hijos y con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, interpusieron una demanda de amparo contra la Secretaría de Educación Guerrero por estas omisiones.
Paulino Vázquez, presidente de la Asociación, aseguró que no tuvieron otra opción, debido al “caso omiso” y “falta de voluntad” para crear las condiciones adecuadas para las infancias en la entidad.
“La autoridad seguía haciendo caso omiso y argumentaba que no enviaba personal por falta de presupuesto. Sin embargo, nuestra molestia es por la falta de voluntad para generar condiciones que eviten que los maestros se vayan; por el contrario, seguían aceptando solicitudes de cambio de plantel, ignorando que esos puestos quedarían vacantes”, afirmó.
El abogado de Tlachinollan y representante del grupo de estudiantes explicó que, además de la lejanía de las comunidades, la violencia ha sido un factor determinante en la salida del personal docente, además recordó otros casos similares.
“Es el caso de Loma Bonita, en el municipio de Metlatónoc. Ahí los maestros se fueron bajo el argumento de la violencia. Se ganó el amparo y se ordenó la asignación de dos profesores para atender a 52 alumnos; sin embargo, el gobierno litigó contra la comunidad y promovió un recurso de revisión argumentando que no tenía por qué garantizar la seguridad de esas comunidades”, subraya.
Una sentencia con enfoque de infancias e interculturalidad
El proceso judicial en el caso de Cochoapa avanzó con rapidez y falló a favor de las y los estudiantes. La mañana del 18 de diciembre de 2025, un actuario del Juzgado Primero de Distrito en Guerrero leyó la sentencia de la jueza Maribel Castillo Moreno ante niñas y niños del plantel.
El fallo marcó un precedente relevante en materia educativa y de derechos humanos. La resolución fue emitida en formato de lectura fácil, con ilustraciones, en lengua Tu’un savi y con traducción al español.
Erick, Dilan Aron, Wrayann y Norydelma, estudiantes de la escuela, llegaron desde las 8 de la mañana a Tlapa junto con sus padres Paulino Vázquez de la Cruz, Ramiro Aguilar Ortiz e Irma Tito Basilio. Viajaron más de tres horas desde Cochoapa el Grande hasta la biblioteca “Javier Mojica” de Tlachinollan para seguir la audiencia por videoconferencia.
La sentencia ordena a la Secretaría de Educación Guerrero, a la Subsecretaría de Educación Básica y a la Subsecretaría de Planeación Educativa asignar de manera permanente docentes de español, matemáticas, artes y educación física a la Escuela Secundaria Técnica número 295.
El fallo señala textualmente:
“Me enteré de que en su escuela no hay maestros para impartir todas sus clases, lo que ha dificultado su aprendizaje. También sé que sus papás y el comité de padres de familia han pedido ayuda al gobierno y no han tenido respuesta. Después de revisar todo con cuidado, decidí que ustedes tienen derecho a recibir una educación completa, con maestros suficientes, en condiciones dignas y respetando su cultura. Ese derecho está en la Constitución y ninguna autoridad puede ignorarlo”.
La Montaña de Guerrero, en crisis educativa
Cochoapa el Grande no es un caso aislado. En la región de La Montaña persiste una crisis estructural en materia educativa. Baldomero Díaz, abogado de Tlachinollan, señaló que numerosas comunidades han exigido la asignación de docentes, prefectos, psicólogos, así como la construcción y rehabilitación de escuelas, sin obtener respuesta de las autoridades estatales.
Actualmente existen al menos 10 demandas de amparo y seis sentencias relacionadas con el derecho a la educación en la región. Entre ellas destaca la primera resolución judicial que ordena la construcción de un centro educativo completo.
En un comunicado reciente, Tlachinollan denunció que desde hace más de tres años 181 niñas y niños indígenas de comunidades me’phaa-bathaa de Juanacatlán y San Juan Puerto Montaña, en Metlatónoc, permanecen sin clases completas de inglés, artes y matemáticas, además de enfrentar condiciones precarias de infraestructura.
Educación, pobreza y violencia de género
La falta de educación tiene efectos transversales, particularmente en la vida de niñas y adolescentes. De acuerdo con el abogado, la ausencia de servicios educativos limita la prevención de matrimonios forzados e infantiles.
“El gobierno no ha llevado educación ni educación sexual a la zona. Pretenden combatir los matrimonios infantiles con programas como el botón violeta, cuando muchas personas no saben leer ni escribir y carecen de servicios básicos”.
Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en 2020 más de 237 mil mujeres de entre 12 y 17 años estaban casadas o unidas en México. Guerrero figura entre las entidades con mayor incidencia.
¿Primero los pobres?
Con cerca del 90% de su población en pobreza extrema, Cochoapa el Grande es considerado uno de los municipios más marginados de México y América Latina. Para Baldomero Díaz, la narrativa de “primero los pobres” y de la “Nueva Escuela Mexicana”, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por la presidenta Claudia Sheinbaum, no se refleja en los hechos.
La migración forzada a los campos agrícolas del norte del país interrumpe los ciclos escolares de niñas y niños durante meses. Las familias trabajan como jornaleras para evitar que sus hijas e hijos repitan ese destino.
Padres y madres responsabilizan a las autoridades estatales por la falta de maestros y piden a la gobernadora Evelyn Salgado visitar las escuelas de la región.
“Las comunidades indígenas están cansadas de que se les niegue el derecho a estudiar. Si no hay respuesta, se van a organizar para caminar hasta Chilpancingo”, advierten.
