Este fin de semana, el Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), llevó a cabo una serie de redadas en la ciudad de Los Ángeles, California. Las autoridades irrumpieron en fábricas y centros de trabajo, realizando detenciones arbitrarias sin previo aviso que resultaron en la aprehensión de al menos 60 personas migrantes. Como respuesta, se desataron una serie de protestas que derivaron en enfrentamientos con las fuerzas policiales y bloqueos organizados en distintos puntos estratégicos de la ciudad. En redes sociales, las imágenes de las protestas circularon rápidamente, destacando momentos de resistencia como la bandera de México ondeándose en lo alto, consignas y la quema de vehículos como acto de denuncia y dignidad frente a las agresiones por la ICE, las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, y el rechazo al discurso de criminalización hacia las personas migrantes.
Es importante recordar que, Donald Trump fundamentó gran parte de sus campañas presidenciales en un discurso explícitamente xenófobo, anti-migrante y anti-derechos. En su administración anterior construyó un muro fronterizo y en esta administración dentro de la política “America First”, implementó medidas estrictas para frenar la migración irregular. Su objetivo, simpatizar con sectores locales preocupados por la seguridad nacional, el empleo y la “identidad cultural” estadounidense. Esto no es nuevo, la relación entre México y Estados unidos se caracteriza por una dinámica sostenida que responde a las necesidades del mercado. En tiempos de bonanza o crecimiento económico la migración es aceptada, y hasta promovida por la utilidad y beneficio que representa la mano de obra barata. No obstante, cuando dejan de ser funcional a los intereses económicos, los migrantes son rechazados, excluidos y expulsados. Esta dinámica sin duda responde a la lógica capitalista global.
Se ha identificado que esta forma de capitalismo voraz se abalanza de cuatro formas interrelacionadas sobre las personas migrantes. En primera instancia, los despoja de su dimensión política y de sus derechos fundamentales, negándoles el reconocimiento como sujetos plenos de derecho. En segundo lugar, excluye sus cuerpos cuando son considerados poco útiles para el mercado. En tercer lugar, los constituye como amenazas al orden político y social, de manera que legitima el uso de la violencia institucional o paraestatal en su contra para finalmente empujarlos hacia formas de trabajo precarizado e informal, sometiéndolos a dinámicas de consumo que erosionan su posibilidad de exigir condiciones dignas y de justicia. (Gálvez & Luque Brazán, 2019). Esta dinámica se evidencia en el contexto de lo ocurrido el fin de semana, donde la violencia y criminalización se materializan en detenciones arbitrarias y persecuciones. Estas acciones se sustentan por un discurso político explícitamente racista y xenófobo que conforma un modelo económico, político y social profundamente excluyente.
Al despojar a las personas migrantes como sujetos de derecho, los pone en condición de vulnerabilidad y se lleva a cabo un borrado sistemático de su identidad; en esencia, es también despojarles de su humanidad más fundamental. Al negarles la pertenencia a una comunidad y a un espacio, se les excluye de elementos básicos para una vida y desarrollo digno; entre ellos el acceso a la salud, la educación, movilidad y seguridad. Aunque aún persiste la creencia de que en su mayoría las personas que se van de su lugar de origen lo hacen por voluntad propia, la realidad es que para muchos significa un acto de esperanza y supervivencia frente a contextos donde la precariedad, violencia, narcotráfico, feminicidios, pobreza, desigualdad y explotación están presentes todos los días.
En este sentido, resulta imprescindible visibilizar y prestar atención a estas acciones como las ocurridas el fin de semana. No solo desde el simbolismo que representa para los pueblos latinoamericanos – particularmente aquellos que se han visto forzados a cruzar la frontera-, sino de comprender su dimensión política como actos de resistencia frente a un sistema que históricamente ha marginado, excluido, explotado y criminalizado comunidades enteras. Organizarse colectivamente y ocupar el espacio público tal como se realizó hace unos días, representan formas legitimas de defensa y memoria colectiva.