Por Constanza Jáuregui
Debemos partir de algo básico: la violencia sexual no es excepcional. Solo la vemos cuando alcanza niveles extremos.
Hace poco más de un año, el caso de Gisèle Pelicot recorrió el mundo. Durante semanas provocó indignación, debates públicos y declaraciones institucionales. Algo similar ocurrió con el caso de Jeffrey Epstein, que volvió a colocar en el centro la relación entre poder, abuso e impunidad, así como la disposición de los cuerpos femeninos y feminizados como un recurso explotable.
Pero hay una trampa en cómo consumimos estos casos: su viralidad no indica frecuencia, sino visibilidad. No es que la violencia ocurra cada cierto tiempo; ocurre todos los días. La diferencia es que solo reaccionamos cuando alcanza niveles de crueldad imposibles de ignorar. Antes de eso, permanece integrada a la vida social como algo incómodo, pero tolerado.
Valérie Rey-Robert y Noémie Renard ofrecen claves para entender este fenómeno: la cultura de la violación no niega la violencia, la administra. Se permite mientras no rompa el orden, mientras no obligue a cuestionar estructuras. Por eso el acoso, la coerción o la explotación sexual en contextos desiguales rara vez generan alarma. El sistema reacciona cuando la violencia se vuelve masiva, visible o imposible de encubrir.
Esta lógica se sostiene también en la gestión de la duda. No se trata de justificar abiertamente al agresor, sino de desplazar la responsabilidad: se cuestiona a la víctima, su conducta, su credibilidad, mientras el agresor queda en segundo plano. Así, la violencia no desaparece, pero se vuelve discutible, matizable, tolerable.
Esta normalización no es neutral. La violencia sexual se sostiene sobre relaciones materiales de poder. No todas las mujeres enfrentan el mismo riesgo ni reciben la misma respuesta social. La clase social determina tanto la exposición a la violencia como la posibilidad de ser creída. Mujeres jóvenes, empobrecidas o migrantes no solo están más expuestas, sino que cuentan con menos herramientas para acceder a justicia. Sus cuerpos son leídos como disponibles, intercambiables, prescindibles.
Aquí, el concepto de capitalismo gore, desarrollado por Sayak Valencia, permite ir más allá: la violencia no es una falla del sistema, sino una de sus formas de operación. El capitalismo no solo organiza la economía, sino también el valor de las vidas. En su forma más cruda, la violencia se convierte en recurso: disciplina cuerpos, produce jerarquías y sostiene acumulación.
Desde ahí, el caso Epstein no es una anomalía. Es un ejemplo de funcionamiento: riqueza extrema, redes políticas, mujeres jóvenes empobrecidas convertidas en mercancía e impunidad sostenida tanto por estructuras de poder como por entornos sociales que permiten que esto ocurra.
La cultura de la violación y el capitalismo operan en conjunto. Una normaliza el daño; el otro lo vuelve rentable. El resultado es claro: la violencia sexual tiene bajo costo para quien la ejerce.
Por eso la pregunta no es dónde están los agresores. Están en espacios de poder: universidades, empresas, partidos políticos, élites económicas. Son hombres que han aprendido que negar, desacreditar y dilatar funciona.
La violencia sexual se repite no porque sea inevitable, sino porque es tolerada. La indignación es breve; la estructura permanece.
Si se asume que es un problema estructural, la respuesta no puede limitarse a la condena moral o al castigo aislado. Se requiere una intervención más amplia.
Esto implica prevención real: educación sexual y afectiva con enfoque de género y de clase, centrada en el consentimiento y la desnaturalización de la violencia. Implica también reparación efectiva: acompañamiento jurídico, psicológico y social sin revictimización.
A esto se suma la necesidad de sanciones firmes, con procesos que no reproduzcan la protección histórica al poder, y mecanismos de intervención que eviten la repetición de la violencia.
La violencia sexual no es excepcional. Excepcional es que, por momentos, decidamos mirarla.
Mientras la reacción dependa del escándalo y no de la estructura, la violencia seguirá ocurriendo todos los días. Cambiarlo no es solo una postura ética: es una disputa política.