La palabra «fuero» remite a los privilegios especiales que, en épocas pasadas, permitían que ciertas personas fueran juzgadas por tribunales particulares y no por la justicia ordinaria. Esta figura, heredada del sistema colonial, se incorporó al derecho mexicano con un fuerte componente de excepcionalidad.
Fue en la Constitución Federal de 1824 donde el fuero se inició formalmente, con el propósito de garantizar la independencia y libertad de expresión de los legisladores, protegiéndolos de posibles represalias del Ejecutivo. La intención era asegurar que diputadas y diputados pudieran ejercer sus funciones sin temor a ser perseguidos por sus opiniones o votos.
Sin embargo, la evolución del fuero en México ha sido compleja y ambigua. Por ejemplo, la Constitución de 1917 incluía en su artículo 110 que los altos funcionarios federales no gozaban de fuero por delitos oficiales, faltas u omisiones cometidas en el ejercicio de su cargo. En contraste, el artículo 109 reconocía la existencia del fuero y detallaba el procedimiento de desafuero para los delitos del orden común.
Estas contradicciones evidencian la dificultad para interpretar el verdadero sentido del fuero constitucional y su alcance. A ello se sumó la reforma de 1982 al Título Cuarto de la Constitución, que eliminó expresamente los términos “fuero constitucional” y “procedimiento de desafuero”, aunque ambas figuras subsisten en la práctica bajo el nombre de “procedimiento para la declaración de procedencia”.
Con el paso del tiempo, esta figura ha sido objeto de controversia y críticas, ya que en muchos casos ha servido como un escudo de impunidad y privilegios para funcionarios que, amparados en el fuero, evaden la acción de la justicia. Lo que en su origen fue una herramienta para proteger la libertad legislativa, terminó por convertirse en un escudo de impunidad para evitar rendir cuentas, permitiendo que funcionarios evadan la justicia y mantengan cargos públicos incluso con investigaciones en curso, así como carreras políticas marcadas por el abuso del poder.
Por ello, la iniciativa presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar para eliminar el fuero constitucional a legisladores, gobernadores y al titular del Ejecutivo federal no solo es oportuna, sino urgente. Esta propuesta, que actualmente se encuentra en trámite en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, representa un paso firme hacia la construcción de un Estado más transparente, equitativo y responsable.
Como ha señalado el propio Ramírez Cuéllar, la mayoría de los mexicanos está a favor de acabar con este privilegio injustificable. La ciudadanía exige, con razón, que sus representantes enfrenten las mismas consecuencias que cualquier otro ciudadano cuando cometen actos que violan la ley. ¿Por qué habría de ser diferente?
La reforma al artículo 111 de la Constitución busca eliminar el fuero en materia penal,sin tocar el artículo 61, que protege la libertad de expresión y el voto de los legisladores. En otras palabras: no se pone en riesgo la independencia del Congreso, sino que se elimina la inmunidad para cometer delitos.
Esta iniciativa no surgió al calor de un escándalo mediático ni como reacción aislada a un caso en particular. Forma parte de un esfuerzo que inició en 2020, impulsado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, para terminar con los fueros y privilegios que han distorsionado por años la función pública en México. Ramírez Cuéllar ha sido constante en esta lucha, y hoy pone sobre la mesa una oportunidad histórica para consolidarla.
Quienes se oponen a esta reforma deben preguntarse: ¿qué se defiende cuando se defiende el fuero? ¿Realmente se protege la democracia o se protege a individuos que temen rendir cuentas?
Eliminar el fuero no debilita al Estado, lo fortalece. Da sentido a una idea que llevamos años repitiendo: que, en México, nadie debe estar por encima de la ley. Por eso, hoy más que nunca, debemos sumar voces, organizaciones y voluntades ciudadanas a esta causa.
Desde distintos espacios —sociales, académicos, legislativos y mediáticos— es momento de respaldar esta iniciativa, exigen que avance y convertirla en una realidad. Porque una democracia sin privilegios es una democracia más justa. Y porque la justicia, para ser verdadera, debe ser igual para todos.