Por Fernanda Delgado
Con 19 votos en contra y 17 a favor, se rechazó una reforma que buscaba garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo sin enfrentar la criminalización. Esta decisión no es menor: no solo va en contra del criterio jurídico ya establecido por la SCJN desde 2021, sino que también perpetúa una cultura de castigo hacia quienes se ven orilladas a abortar.
Guanajuato es uno de los pocos estados que siguen penalizando el aborto, a pesar de que más de 20 entidades ya han reformado sus códigos para proteger este derecho. En lugar de avanzar, retrocedemos. Y lo más doloroso es que esta decisión no se tomó en el vacío: en los últimos años, la Fiscalía de Guanajuato ha iniciado más carpetas por aborto que por feminicidio. Esto dice mucho sobre las prioridades institucionales.
Lo ocurrido en el Congreso también mostró, con toda claridad, que los derechos de las mujeres siguen siendo moneda de cambio político. El cambio de postura de una diputada del Partido Verde —alineándose con el PAN— fue lo que selló el destino de esta reforma. Lo que para ella fue una decisión política, para muchas mujeres representa la diferencia entre vivir o morir.
Las mujeres en Guanajuato no merecemos vivir con miedo a ser criminalizadas por tomar decisiones sobre nuestro cuerpo. No merecemos que nuestras vidas se pongan en pausa —o en riesgo— por un sistema que nos niega el derecho a decidir.
La lucha no termina aquí. Seguiremos exigiendo una legislación que reconozca plenamente nuestros derechos y que esté a la altura de la justicia que merecemos. Porque decidir no es un delito. Porque la autonomía de las mujeres no debe depender de ideologías ni de negociaciones partidistas.
Desde Guanajuato, alzamos la voz. No nos vamos a callar.