La reciente tragedia en Teuchitlán, Jalisco, ha estremecido al país y dejado al descubierto una realidad innegable: la violencia en México no es un fenómeno nuevo ni casual, sino el resultado de décadas de corrupción, impunidad y pactos entre el crimen organizado y las autoridades de antaño
El hallazgo de fosas clandestinas en este municipio no es un hecho aislado, sino un síntoma de un problema estructural que se gestó en los gobiernos neoliberales, cuando se dejó crecer la criminalidad mientras los políticos de siempre desviaban recursos, debilitaban las instituciones de justicia y garantizaban impunidad a los grupos delincuenciales.
Hoy, muchos sectores de la oposición y medios de comunicación buscan responsabilizar al actual gobierno, ignorando convenientemente que esta crisis no surgió en los últimos años, sino que es consecuencia de un Estado que fue abandonado a su suerte en sexenios pasados. Fue durante esos gobiernos cuando los cárteles expandieron su poder, las policías se corrompieron y las instituciones de seguridad fueron desmanteladas para favorecer negocios turbios.
El caso de Teuchitlán también ha servido para evidenciar cómo algunos actores se han aprovechado del legítimo dolor de las familias para manipular la narrativa y atacar políticamente. Tal es el caso de Ceci Patricia, quien fue presentada como una madre buscadora víctima de la violencia, pero que terminó por estar vinculada a los mismos grupos criminales que han provocado tanto sufrimiento. Esto deja claro cómo el crimen organizado se infiltra en distintos sectores para desviar la atención y mantener su dominio.
Los verdaderos culpables de la tragedia en Teuchitlán no son difíciles de identificar: son los que gobernaron Jalisco y el país con total desprecio por la seguridad de los ciudadanos; los que durante décadas se beneficiaron de un sistema corrupto que permitió el crecimiento de la violencia; los que pactaron con el crimen mientras el pueblo sufría.
La Cuarta Transformación ha asumido el reto de desmontar este sistema podrido, pero no es un proceso sencillo ni inmediato. El gobierno actual trabaja para erradicar la corrupción en las fuerzas de seguridad, fortalecer la justicia y recuperar la paz. Sin embargo, quienes crearon el problema ahora buscan lavarse las manos y señalar con hipocresía a quienes están enfrentando el desastre que ellos dejaron.
La verdad es clara: la tragedia de Teuchitlán es el resultado de años de abandono, complicidad y saqueo de la nación. No podemos permitir que los responsables de siempre se disfracen de salvadores. Es momento de seguir avanzando con una estrategia que ataque la raíz del problema y devuelva al pueblo la seguridad que le fue arrebatada.