Torreón atraviesa una de sus etapas más alarmantes en materia de seguridad pública, no por el crimen organizado, sino por la violencia que emana desde sus propias instituciones. El asesinato de Rolando, un joven del poblado Nuevo Mieleras, a manos de un elemento de la Policía Municipal, marcó un antes y un después en la relación entre el pueblo y quienes, supuestamente, deben protegerlo.
En lugar de justicia, la ciudadanía recibió represión. Las manifestaciones pacíficas, en las que se exigía una investigación transparente y castigo para el responsable, fueron respondidas con violencia, encapsulamientos, intimidación y abuso policial. Pero la represión no se detuvo ahí: también se agredió a periodistas que cubrían los hechos, intentando silenciar no solo a los manifestantes, sino también a quienes tienen la labor de informar.
Esta mano dura contra ciudadanos y medios de comunicación es inadmisible en cualquier democracia. Refleja no solo el descontrol de los cuerpos de seguridad, sino la permisividad —cuando no la complicidad— de quienes los encabezan. El alcalde Román Cepeda ha mostrado una postura arrogante, insensible y autoritaria, más enfocado en blindar su imagen que en ofrecer soluciones reales. Su silencio y su prepotencia no son más que el reflejo de un gobierno que no gobierna para el pueblo, sino contra él.
Torreón hoy no está siendo gobernado: está siendo reprimido. Las patrullas ya no inspiran seguridad, sino miedo. Y cuando la prensa es agredida, la impunidad alcanza su punto más peligroso: el de la censura.
Justicia para Rolando, libertad para manifestarse, respeto a la prensa y castigo a los responsables. Porque cuando el Estado silencia, el pueblo tiene la obligación de gritar más fuerte.
