¿Qué sentido tiene hablar de desarrollo si unos cuantos controlan el mercado? ¿Cómo hablar de progreso cuando la competencia es apenas una simulación y el acceso equitativo a los bienes y servicios está limitado por la concentración económica?
En México, durante décadas, los monopolios han sido una barrera que impide el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, encarece los productos básicos, castiga el ingreso de las familias y distorsiona por completo el principio de libre mercado. Por eso, celebro con convicción la iniciativa del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quien ha propuesto expedir una nueva Ley Federal Antimonopolio y de Competencia Económica, más clara, eficaz y alineada con los intereses públicos.
Esta iniciativa no es solo un cambio de nombre; es un giro profundo en el diseño institucional. El pasado 20 y 24 de diciembre de 2024, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma en materia de simplificación orgánica y el Presupuesto de Egresos 2025, los cuales marcan el inicio de una nueva etapa: la extinción de la COFECE y el IFT como órganos autónomos, y la creación de un organismo único con autonomía técnica y operativa para vigilar, sancionar y prevenir prácticas anticompetitivas en todos los sectores económicos, incluyendo telecomunicaciones y radiodifusión.
Durante su existencia, la COFECE acumuló importantes investigaciones y sanciones: colusión en la venta de tortillas, medicamentos, transporte aéreo y productos para bebé. Sin embargo, los resultados fueron limitados. Multas mediáticas que no lograron disuadir el abuso ni corregir los incentivos del sistema. La nueva ley, entonces, plantea un modelo de intervención más contundente, con sanciones más severas, procesos más ágiles y una mayor participación del Estado en defensa del interés colectivo.
Entre los principales cambios de la iniciativa destacan:
- Creación de una autoridad antimonopolio única, con mayor alcance e independencia técnica.
- Fortalecimiento de las sanciones a prácticas monopólicas absolutas (colusión, fijación de precios) y relativas (abuso de posición dominante).
- Simplificación del lenguaje jurídico, para que cualquier ciudadano pueda comprender sus derechos frente a prácticas abusivas.
- Ampliación de los mecanismos de participación ciudadana y transparencia en las investigaciones.
- Mayor control sobre fusiones y adquisiciones que pongan en riesgo el bienestar del consumidor.
Estos cambios llegan en un momento urgente. Basta recordar el escandaloso caso de colusión en el mercado de medicamentos, donde distribuidores como Marzam, Casa Saba, Fanasa, Nadro y Almacén de Drogas coordinaron desde 2006 prácticas como fijación de precios, restricción de abasto, y la creación de comités de crédito para limitar el acceso a productos esenciales. Estas prácticas anticompetitivas no solo violaron la ley, también afectaron directamente la salud de millones de familias, que gastaron hasta un 40% más en medicamentos durante la pandemia. Las multas impuestas superaron los 903 millones de pesos, pero el daño al bolsillo de los mexicanos se estimó en más de 2,359 millones de pesos
Desde la firma del TLCAN en 1994, México abrió sus puertas al libre comercio, pero nunca garantizó un piso parejo. Empresas crecieron hasta alcanzar niveles insostenibles de concentración, definiendo precios, condiciones de acceso y márgenes de ganancia sin competencia real. A pesar de la creación de la COFECE en 2013, el marco legal resultó insuficiente y cuestionado por su débil impacto.
Los monopolios no solo afectan la economía, también vulneran la democracia: limitan la innovación, excluyen nuevos actores, consolidan élites económicas y generan un círculo de desigualdad estructural. Las y los consumidores pagan más, eligen menos y acceden a menor calidad.
Esta iniciativa se inscribe en los principios de la Cuarta Transformación, hoy encabezada por nuestra presidenta la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que ha reafirmado su compromiso con un modelo de desarrollo con justicia, soberanía y equidad. Porque la verdadera democracia también se construye en los mercados: con reglas claras, competencia real y protección a los más vulnerables.
La nueva Ley Federal Antimonopolio y de Competencia Económica no es solo un documento técnico. Es una declaración política y ética: el bienestar colectivo por encima de los privilegios de unos cuantos. Es la oportunidad de reordenar el mercado en favor de la mayoría, de quienes todos los días trabajan, producen y consumen sin las ventajas del poder económico.
Hoy más que nunca, México necesita leyes que respondan a la realidad, que pongan límites al abuso empresarial y que garanticen que nadie —por más capital que tenga— esté por encima del interés público. Y también necesitamos una ciudadanía informada, vigilante y participativa, que defienda este cambio y lo convierta en una transformación real.